05-02-2013 - (Gallego) La noticia, esperada hace tiempo, de que la Diputación de Ourense se hizo cargo de la gestión de la perrera municipal de O Carballiño, acaba de producirse. Nos preocupa no obstante, otra que muestra preocupantes similitudes a lo que sucede cuando se pone en práctica la arraigada costumbre de los grupos políticos cuando se trata de “colocar”, como sea y sin tener en cuenta si están o no cualificados para el puesto, a sus cargos “en paro”, en otros que les permitan seguir viviendo a cuenta del erario público, como si no supieran buscarse la vida trabajando, como todos nosotros.
Todos recordamos los dramáticos sucesos del año 2009 cuando los animales eran tratados como mercancías o como medio de obtener recursos que en nada mejoraban su calidad de vida. Sucesos que tuvieron su trágico desenlace en el asesinato masivo e intencional de docenas de perros en solo dos meses. Asunto que hasta hoy se arrastra por los juzgados sin que, al parecer, nadie tenga interés por aclarar el asunto ni punir a los responsables. Una lucha en la que llevamos cuatro largos años en solitario y sin colaboración alguna de quienes tiene la capacidad y los medios para aclarar diligentemente este tipo de delitos. Se ve que solo actúan cuando les conviene y no cuando deben.
Alguien menos avisado podría pensar que gestionar una perrera se trata de un tema simple que consiste básicamente en recoger perros abandonados, llevarlos a la perrera, mantenerlos un determinado tiempo, transcurrido el cual y si no aparece el dueño, dichos animales se sacrifican.
