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Especulando con el agua que bebemos: Implicados.(I)

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Baltar11-12-2012 – (Gallego) Ante el revuelo generado por la concesión del servicio de agua y saneamiento de Punxín y de Maside, hemos estado “revolviendo” un poco en la casuística de esta “moda” y tenemos algunas sorprendentes novedades que contar.

Lo primero que nos llamó la atención de estos dos casos fue que, tanto en Punxín como en Maside, el “Pliego de Condiciones” eran absolutamente iguales, lo que enseguida nos condujo a los servicios de asesoramiento que la Diputación de Ourense presta  los ayuntamientos pequeños de la provincia.

Lo segundo que no entendíamos era que, siendo este tipo de servicio atribución de los ayuntamientos, qué razones podrían existir para que en el pliego de condiciones, procedente del “asesoramiento” de la Diputación, se incluyeran cláusulas tan nocivas para los intereses de los vecinos como las que siguen, sin que los ayuntamientos las modificaran a la vista del abuso que suponen, por ejemplo:

a)    Que el plazo de concesión fuera por 25 años, cuando lo sensato sería establecer plazos menores, por ejemplo de 5 años, que se fueran renovando a la vista de la utilidad y eficacia que tuviera dicha concesión, así como la conveniencia de renovarla, o no, a la vista de la experiencia de esos años. No parece lógico hipotecar un servicio por 25 años sin saber si es beneficioso o ruinoso mantener dicha concesión.

b)    Que la concesionaria pueda aumentar los precios del servicio mediante “silencio administrativo”  tres meses después de solicitar dicho incremento al ayuntamiento. Algo inédito en la administración gallega que anuló, en su día, todos los “silencios administrativos positivos” de su normativa.

c)    Que la concesionaria solo tenga la obligación de presentar  “Informe de incidencias” o la “Memoria anual” a “solicitude do concello” y no de forma obligatoria y rutinaria.

d)    Que sea el ayuntamiento quien tenga la obligación de proporcionar un local para las oficinas de la concesionaria. Oficinas que en Punxín hasta el día de hoy aún no existen.

Hay otras condiciones que nos resultan incomprensibles pero que seria ocioso relacionar ya que solo con estas es suficiente a los efectos deseados.

Lo incomprensible es que, como se dijo, siendo competencia municipal, ningún ayuntamiento se tomara la molestia de modificar tan dañinas condiciones y reducir plazos de concesión, imponer medidas más estrictas, o introducir cambios que mejoren la fiscalización y acompañamiento de la concesión, como es el caso de la “Comisión de control y Seguimiento” que en Punxín, al día de hoy, tampoco se ha constituido y que debería velar por  la “fiscalización e inspección de la gestión de la concesionaria”.

Pues bien, deducimos que también en este caso la Diputación de Ourense remite ese pliego de condiciones ya elaborado a los, normalmente, poco informados alcaldes de estos minúsculos ayuntamientos, posiblemente con la indicación de que “es así” como hay que hacerlo  y “no se puede cambiar” (¿).

AquaourenseAunque al principio no nos explicábamos las razones por las cuales la Diputación de Ourense no elaboraba un “Pliego de Condiciones” mas favorable a los intereses vecinales (luego lo explicaremos), enseguida llegamos a la conclusión de que el otro factor mediante el cual se acaba perjudicando dichos intereses y generando un inmoral beneficio al concesionaria, era el hecho de que la futura concesionaria presentaba un “Estudio de Costes” claramente exagerado, como consecuencia del cual y debido al hecho de que tales gastos no se correspondían con la realidad, la diferencia se traducía en que los beneficios para la empresa serían del 50, 60 o 70% de esos supuestos “gastos” y no el módico 19% que ella misma presupuesta en sus “estimativas”.

Es obvio que para remediar este absurdo la solución es que el alcalde del ayuntamiento afectado proceda a revisar los costes reales del servicio (como explicamos en el anterior artículo sobre el asunto, ya que pose atribuciones de sobra para ello) e imponer a la concesionaria unas nuevas tarifas. Potestad además que, tanto en el contrato como el pliego de condiciones, se reserva al alcalde.

No baste lo establecido en los documentos citados, es obvio que un alcalde, a la vista de que los costes de explotación no son reales y no coinciden con los “estimados”, sería su obligación el realizar un nuevo estudio y reformar unos datos que como se dice son “estimados” y que están perjudicando a los vecinos, al consistorio y otorgando unos inmorales beneficios a la concesionaria.

Ahora es cuando volvemos a la Diputación de Ourense ya que ese alcalde no cuenta con asesoramiento jurídico para intentar reformar los términos de la concesión, por lo cual recurre, de nuevo, a los servicios que les presta la Diputación y realiza consultas a los servicios jurídicos de dicha institución.

Al parecer al alcalde de Punxín le informaron de que “no se podía hacer nada” y que habría que mantener la concesión durante los 25 años estipulados en las condiciones pactadas o indemnizar la concesionaria por los “lucros cesantes”. Es decir, le plantean el panorama de un pleito costoso, demorado y sin futuro donde nada se iba a ganar y solo sería un enorme gasto más para el ayuntamiento. Algo que, como es obvio, parece surrealista sobre todo al a la vista de que se está estafando a los vecinos porque la concesionaria presentó unos “costes estimados” claramente fraudulentos.

De nuevo nos surge la duda de por qué la Diputación presta tal tipo de información a la vista de tan injusto acuerdo, por qué no asesoró al ayuntamiento de forma mas eficaz para que no firmaran un acuerdo tan nocivo, por qué no realizó un “estudio de costes de explotación” más realista al objeto de evitar que los “cálculos interesados” de Aquagest no acabaran repercutiendo en un contrato ruinoso para los pocos vecinos de ayuntamientos tan empobrecidos como Punxín o Maside y por qué no moviliza a su departamento jurídico para anular unas concesiones cuyo carácter abusivo podría rondar el delito.

Bien, pues resulta que la Diputación de Ourense, junto con Aquagest y durante la gestión de José Luis Baltar, crearon en el año 2008 una sociedad anónima denominada “Aquaourense” que en su ficha oficial...(continúa)...